La región centroamericana busca proteger de mejor forma a víctimas que huyen de la violencia por el crimen organizado y las pandillas.
SAN SALVADOR, El Salvador – Amenazas de muerte, violencia, extorsiones y reclutamiento de jóvenes por pandillas son algunas de las causas por las que miles de centroamericanos huyen de sus países y buscan refugio, según el informes
Tendencias de Asilo 2013 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
La mayoría de solicitudes de asilo han sido presentadas por ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador, área conocida como Triángulo Norte centroamericano, según Rebeca Cenalmor-Rejas, oficial legal asociada de ACNUR en Panamá.
“De acuerdo con la información recibida de los países de asilo, existe una relación directa entre el aumento de la criminalidad, y otras situaciones de violencia en la región, y el aumento del desplazamiento forzoso”, dijo Cenalmor-Rejas.
En 2013 hubo 15.694 solicitudes de asilo de centroamericanos a diferentes países del mundo. De ellas, 6.604 fueron de salvadoreños, 5.076 guatemaltecos y 4.014 hondureños. Un año antes se presentaron 12.748 solicitudes, 5.566 de salvadoreños, 4.390 guatemaltecos y 2.792 hondureños.
“Los números [de refugiados] han venido creciendo desde 2008 y cada año son mayores, se trata de un incremento muy significativo”, dijo recientemente a la prensa el representante regional de ACNUR para México, Centroamérica y Cuba, Fernando Protti.
Los países que reciben la mayoría de las solicitudes de asilo son Estados Unidos, Canadá y México, aunque también hay un aumento de requerimientos a Nicaragua, Costa Rica y Panamá, según ACNUR.
Sin embargo, en muchos de los países receptores, como México o Nicaragua, las leyes migratorias generan procesos legales engorrosos, según Kiriam Nuila, coordinadora del Programa Anglicano de Atención a Personas Refugiadas (PARES) en El Salvador.
“Los solicitantes de asilo no solo deben lidiar con las razones que los obligaron a huir de sus países y sus procedimientos; sino también con la discriminación, dificultades para obtener documentos de identidad y falta de empleos formales en los lugares a donde llegan”, dijo Nuila.
Laly Vargas vivió en carne propia este martirio. Ella salió de Colombia hace 12 años huyendo de la violencia generada por el narcotráfico en Bogotá. Se refugió en El Salvador, un país también violento, porque era el único del mundo que no le exigía visa para ingresar.
“De un día para otro tuve que salir con mi hijo de tres años y mi esposo”, explicó Vargas, de 40 años. “Llegamos sin conocer a nadie, hospedándonos en hoteles de bajo costo, buscando ayuda en las calles, sufriendo discriminación por ser colombiana, sin oportunidades de empleo y sin una casa segura”.
Su esposo, Jaime Vargas, dijo que aún tienen dificultades para trabajar, abrir cuentas bancarias, alquilar una vivienda y obtener un empleo formal.
“Aunque ya tenemos un carné de residentes salvadoreños, siempre tenemos problemas porque en el carné dice que somos refugiados. Entonces las personas nos discriminan, piensan que hemos hecho algo malo [por ser colombianos]. Pero no es así, tenemos derechos, al igual que los ciudadanos del país que brinda el asilo”, dijo.
El mayor problema para pedir asilo es probar haber sufrido violencia o amenazas, ya que los países siempre investigan la existencia de procesos legales de los solicitantes, según Ana Irma Rodas, directora del Programa de Reinserción a Migrantes Retornados del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.
“Es importante reconocer que a raíz de la violencia que se vive por las pandillas en el Triángulo Norte, las personas salen a otros países en busca de refugio. Y generalmente, al llegar a las entrevistas, les faltan requisitos y pruebas. Algunas, al momento de salir, sí articulan denuncias administrativas o penales sobre sus razones, pero muchos no lo hacen”, dijo.
Para ello, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) realizó el 18 de marzo el taller regional “Introducción a desplazamiento forzado y necesidades de protección” en San Salvador, con el fin de compartir experiencias para fortalecer los mecanismos de protección de los refugiados.
“Consideramos urgente articular marcos jurídicos nacionales que brinden protección a las personas que solicitan refugio. Esto es de extrema prioridad ya que nos permitirá adaptar las leyes a las nuevas realidades que vive nuestra región donde, por ejemplo, los flujos migratorios están muchas veces ligados al tema de criminalidad y violencia”, dijo en la oportunidad el viceministro para Salvadoreños en el Exterior, Juan José García.
El 7 de abril se firmó un acuerdo entre el SICA y ACNUR con el fin de recopilar información estadística sobre el desplazamiento forzado, además de impulsar proyectos de protección a refugiados.
“Esperamos que el acuerdo permita [generar] una legislación homologada y políticas con acciones conjuntas de protección a los refugiados, como por ejemplo la expedición inmediata de documentos de identificación”, expresó Nuila.
El próximo paso es una consulta sub-regional entre los países de Mesoamérica y República Dominicana, a celebrarse en Nicaragua el 9 y 10 de julio, en el marco de la Conmemoración del trigésimo Aniversario de la Declaración de Cartagena (Cartagena+30).
“Ahí se abordarán los marcos de protección aplicables a las personas desplazadas y compartirán propuestas de mejores prácticas para la protección de solicitantes de asilo, refugiados y personas desplazadas internamente”, finalizó Cenalmor-Rejas.
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