domingo, 25 de agosto de 2013

Grietas en Wall Street tras el escándalo de JP Morgan

Un corredor audaz con una arrogante confianza que se le escapó de las manos. Un agente que arriesgó demasiado con sus enormes e imprudentes operaciones en bolsa y que podrían costarle a su banco más de 6.000 millones de dólares (4.489 millones de euros). Hablamos de Bruno Iksil, la ballena de Londres, quien saltó a la palestra cuando el año pasado se supo que JP Morgan había sufrido una enorme y peligrosa -y costosa- exposición al mercado de los derivados.

Ahora, casi 18 meses después, la única persona que puede estar segura de que no será procesada por ninguna de sus fechorías es Iksil, quien se ganó su apodo por el enorme tamaño de las operaciones con derivados que realizó en bolsa. Dos colegas suyos -su superior y su subordinado- fueron acusados la semana pasada por la Fiscalía de los Estados Unidos. Y otros pueden enfrentarse al mismo destino. Así, el asunto ha reavivado el debate sobre la cultura de que la "codicia es buena" dentro de la banca de inversión.
¿Transcurridos cinco años desde el estallido de la crisis financiera, los banqueros no han aprendido aún de sus errores? El asunto de la ballena de Londres no es la historia de un individuo al que se le ha ido el asunto de las manos, sino de toda la operación en la que se embarcó. Hablamos de JP Morgan, de la falta de controles sobre los corredores de bolsa, de la honestidad -o de la falta de ella- y del hecho de encubrir los errores. Hablamos del espíritu beligerante de los banqueros en todo el sistema financiero global.

Así se forjó el escándalo

La semana pasada, las autoridades de Nueva York presentaron cargos contra dos hombres. Uno era Javier Martín-Artajo, un español afincado en el Reino Unido, quien compró una factoría reconvertida en Cotswolds y quien era jefe de Iksil en Londres el pasado año. El otro era Julien Grout, un francés subordinado de Iksil. Los tres se encargaban de negociar los contratos de derivados (operaciones con grandes compañías solventes). Grout y Martín-Artajo han sido acusados de formar parte de una conspiración para ocultar la caída en picado del valor de su cartera. Fundamentalmente, están acusados de cifrar erróneamente el valor de los contratos que habían cerrado, informando de precios demasiado optimistas.
De forma paralela, la America's Securities and Exchange Commission (equivalente a la CNMV) dice que intentaron impulsar el rendimiento de su cartera "y así granjearse el favor de sus supervisores y mejorar las bonificaciones y las perspectivas de promoción".
Iksil, considerado en un principio el epicentro del asunto y por lo cual tuvo que hacer frente al pago de 5,46 millones de euros en 2010, ha decidido cooperar con las autoridades a cambio de obtener la inmunidad. Ahora mismo, pues, el foco está centrado en Grout y en Martín-Artajo, aunque fuentes de Estados Unidos sugieren que podrían ser procesadas más personas. La atención ha sido puesta en Aquiles Macris, encargado de la Dirección General de Inversiones - oficina internacional dividida entre Londres y Nueva York en la cual trabajaban Grout, Iksil y Martín-Artajo. Macris dejó que el asunto explotara el año pasado. Ina Drew, un peldaño más arriba en el escalafón y quien recibió 11,22 millones en 2010- también ha renunciado. Drew ha dicho insistentemente que fue engañada por sus subordinados. Los informes indican que no será procesada.
No obstante, se cree que Martín-Artajo y Grout argumentarán que no eran responsables de las posibles pérdidas, que sus superiores sabían lo que estaba pasando. Además, no resultó fácil determinar los precios exactos de los instrumentos financieros con los que operaban, ya que el mercado no era transparente.

El número de personas que podrían ser procesadas, y sus identidades, es solamente una parte de la historia hecha pública. La semana pasada, Preet Bharara, fiscal del distrito sur de Nueva York, presentaba cargos contra Grout y Martín-Artajo, y a la vez lograba salirse del camino y desafiar a toda una cultura que ha contagiado a muchos bancos de inversión.

"No solamente un banco, y sí un corredor de bolsa dentro de un banco, puede hacer un daño económico tan catastrófico en un abrir y cerrar de ojos... es por ello que los fiscales deben ser más inflexibles y los reguladores estar aún más vigilantes", dijo. "Y como he venido diciendo durante años, las empresas deben prestar mucha mayor atención a las culturas que crean".

Aumenta la presión pública

Por supuesto, los reguladores a ambos lados del Atlántico son muy conscientes de la presión pública para perseguir a los maliciosos. Para JP Morgan, los cargos presentados la semana pasada no representan el final de la historia. La Reserva Federal, la autoridad bancaria estadounidense y la FCA, la autoridad de conducta financiera del Reino Unido, están investigando cómo se produjeron las pérdidas del pasado año, y por qué tardó tanto tiempo en salir a la luz.
Paradójicamente, JP Morgan fue por mucho tiempo considerado un banco con mejores controles internos que sus rivales, aparentemente hábil en la gestión del riesgo. Durante la crisis bancaria, mientras otros se derrumbaban, JP Morgan navegaba por ella relativamente indemne. Recibió un préstamo de 11.200 millones enmarcado dentro de los planes gubernamentales de los Estados Unidos para apuntalar el sistema financiero, dinero que fue repagado, pero que quedó en el saldo a favor.
Más recientemente, su historial ha resultado ser menos impresionante. En 2010, la Financial Services Authority (FSA) le impuso su mayor multa, 24,9 millones, tras determinar que durante seis años el banco fue incapaz de separar 6.360 millones de euros de clientes de su capital propio. La multa podría haber sido aún mayor, pero la FSA accedió a una rebaja del 30 por ciento, al descontar el hecho de que JP Morgan informó de su propio error. A principios de este año, la FCA, sucesora de la FSA, sancionó a JP Morgan con 3 millones por fallos de su consejo de inversión minorista.
Solamente este mes, el banco reveló que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estaba llevando a cabo investigaciones civiles y penales por ofertas de bonos hipotecarios. Y ha advertido a los inversores que los reguladores han alertado de posibles sanciones por la captación de deuda por parte del banco y la venta de servicios en áreas como la usurpación de identidad.

La entidad toma precauciones

Barclays Capital ha calculado que, desde comienzos de 2011, JP Morgan acumuló cerca de 6.000 millones en resoluciones judiciales y reservas legales para posibles pagos futuros. Más recientemente, el banco acordó abonar 306 millones para la resolución de demandas sobre manipulación de los mercados energéticos en California y el medio oeste americano: JP Morgan no estaba obligado a admitir la infracción.
Nadie cree que Jamie Dimon, quien se convirtió en consejero delegado de JP Morgan en el año 2005 y en presidente un año más tarde, deberá enfrentarse a cargos a raíz del asunto de la ballena de Londres. Pero su reputación, y la del banco, se han visto seriamente afectadas. Apenas un par de semanas después de que comenzaran a filtrarse los problemas con las operaciones de Londres, Dimon, de 57 años, definió la historia como "una tormenta en un vaso de agua". Más tarde se disculpó por el fiasco, indicando que se había "equivocado totalmente", pero ha insistido en que simplemente confió en lo que le dijeron sus subordinados.
Esto plantea una pregunta en plena saga de la ballena de Londres: ¿cómo de riguroso ha sido JP Morgan en términos de seguimiento y control de los tejemanejes de sus agentes de libre comercio? Las órdenes de detención en las que se detallan las acusaciones contra Martín-Artajo y Grout son poco halagüeñas en lo que a supervisión por parte de la Dirección General de Inversiones (CIO por sus siglas en inglés), la operación objeto del desastrem, se refiere.
Las acusaciones recogen que: "El grupo de control de valoración de la Dirección General de Inversiones-CIO (VCG por sus siglas en inglés) tenía como misión un trabajo independiente junto con la CIO... la función del VCG era realizar un control independiente de las valoraciones realizadas por los agentes de bolsa sobre los valores que estos fueron indicando cada final de mes. En la práctica, sin embargo, el VCG de la CIO no resultó ser ni independiente ni riguroso."
El escrito de acusación continúa diciendo: "Dotados en Londres básicamente de un único empleado... el VCG de la CIO regularmente hizo caso y se fió de las opiniones de los corredores de bolsa". Este "único empleado" permitió un ligero margen sobre los precios fijados por los agentes. Pero, según el fiscal, el margen de maniobra era en realidad enorme: no solamente permitió que los precios fueran fijados en los límites de lo que sería una oferta del mercado -margen entre precio de compra y precio de venta-, sino que fueron tolerados precios que estaban fuera de dichos márgenes. Y los controles se realizaron solamente a final de mes. "El VCG de la CIO no contaba con ningún papel revisor en relación con marcas mensuales, las cuales fueron dejadas a la entera discreción de los corredores, aunque dichas marcas fueran registradas en los libros de JP Morgan.
"A finales de abril del año pasado fueron apareciendo informes que sugerían que, al menos JP Morgan, contaba con una enorme exposición al mercado de créditos sintéticos -apuestas por la fuerza futura de las empresas. Algunos directivos comenzaron a interesarse. A principios de mayo, "un empleado dentro de la Oficina del Contralor de JP Morgan... comenzó a hablar con los agentes de la CIO", recoge la acusación.
Martín-Artajo aparentemente intentó pasar por alto el desafío. Los papeles de las autoridades americanas prosiguen: "Martín-Artajo indicó al empleado de la Oficina del Controlador básicamente que 'Soy un agente. No me fijo en los libros contables para Estados Unidos. Mi trabajo consiste en gestionar el riesgo'".
Desde que salió a la luz pública el desastre, JP Morgan ha reconocido tácitamente que el equilibrio de poder entre los supervisores y el supervisado era erróneo. El verano pasado puso en marca una nueva operación de "control y supervisión". El banco insiste en que esto demuestra su determinación por garantizar que no vuelva a repetirse el caso de la ballena de Londres. Tal vez sea así. Pero ello no repara el daño causado.

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