El Segundo Tribunal de Circuito de Apelaciones que lleva el caso, presentado por la ACLU, dijo que el programa de recolección de meta información telefónica “excedió el alcance de lo que el Congreso autorizó”.
El objetivo inicial de ese programa era recoger los registros telefónicos para permitir búsquedas específicas en base a los números de teléfono u otros identificadores asociados con organizaciones terroristas.
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